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Una de cada seis personas en el mundo carece de acceso al agua potable y miles de niños mueren cada día por enfermedades ocasionadas por el agua no tratada. Pese a ello, muchas corporaciones buscan obtener ganancias de la provisión de este recurso, a menudo elevando los mezquinos intereses de sus compañías y sus accionistas por encima de cualquier objetivo social y medioambiental.

Corporaciones como Bechtel están en el negocio de la privatización del agua, tomando el control del servicio público local por medio de las autoridades locales. Alrededor del mundo, la privatización no ha traído otra cosa que aumentos en las tarifas y distribución de agua poco confiable a los consumidores. En los países en vías de desarrollo, las comunidades más empobrecidas a menudo no cuentan con ningún tipo de servicio. Esta es actualmente la situación en Guayaquil, Ecuador, donde existen cientos de quejas documentadas ocasionadas por el nefasto servicio de Bechtel.

La Ciudad de Guayaquil

En Ecuador, el gobierno tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos acceso al agua potable, pero el gobierno de Guayaquil no pudo cumplir debido a la falta de recursos y dejó de brindar servicios de saneamiento básico y agua potable. Una administración pública ineficiente y el crecimiento poblacional exponencial empeoraron la situación. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció un préstamo a Ecuador para mejorar el servicio de provisión de agua en la ciudad, Guayaquil aceptó. Sin embargo, los préstamos vinieron con la condición de que la ciudad otorgara el control del agua  a una corporación internacional.

El contrato con Bechtel

El 11 de Abril de 2001, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C., se firmó un contrato entre International Water Services (una asociación a la cabeza de Bechtel conocida como Interagua en Guayaquil) y la Cantonal de agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), la Agencia Regulatoria en Guayaquil. Bechtel encabezó la única licitación para operar el sistema de agua y, con la firma del contrato de concesión Interagua, se hizo responsable del tratamiento, transporte, almacenamiento y distribución de este recurso, junto con el tratamiento de las aguas residuales. En 1997 la privatización cumplía con los términos de un préstamo de 40 millones de dólares entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno ecuatoriano, el mismo que fue acordado bajo la condición de que los servicios se privatizaran, condición que se denominó “el primer esfuerzo para aliviar a Interagua de la necesidad de inversión”. Durante la firma la compañía se comprometió a invertir 500 millones de dólares por un periodo de concesión de 30 años, realizar la conexión de 55.000 nuevos usuarios y aumentar la cobertura del servicio de agua al 90% de la población. No obstante, debido al servicio extremadamente ineficiente y a la falta de mantenimiento, inversión y expansión del servicio, las quejas empezaron a crecer en los próximos seis años.

El Fracaso

En el 2006, los ingresos totales de Bechtel ascendían a 20.5 millones de dólares y las operaciones de Interagua en Guayaquil obtenían 300 millones de dólares. A pesar de que el dinero seguía ingresando, Interagua aún no había comenzado con los programas de rehabilitación que prometió; por lo tanto las quejas aumentaron debido a las elevadas tarifas, a la baja calidad de agua, a las cañerías rotas y a las inundaciones ocasionadas por el mal funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. Al mismo tiempo surgió una preocupación por el daño ambiental debido a la falta de tratamiento de las aguas residuales durante el periodo inicial de cinco años.

La falta de inversión en las bocacalles ha obligado a muchos residentes a sufrir los impactos en su salud debido a constantes inundaciones. En el 2002 la compañía sólo estaba tratando el 5% del alcantarillado, eliminando el resto—incluyendo materia fecal y desechos domésticos e industriales — directamente al río Guayas que se encuentra en la región. El departamento de salud comenzó a emitir reportes documentando enfermedades en los niños de comunidades locales al norte de la ciudad, tales como Acuarelas del Río y Guayacanes, lugares donde el alcantarillado fue eliminado. Las enfermedades incluían alergias, asma y problemas gástricos como la diarrea.

Al igual que el alcantarillado estancado y el desecho ilegal, el agua no potable de la pila ha contribuido a una serie crisis de salud. Los residentes se quejan del olor “nauseabundo” e “insoportable” del agua de la pila. En junio de 2005 más de 150 niños se enfermaron de hepatitis A por tomar agua sucia de la pila. El brote se concentró en el oeste de los suburbios de Guayaquil donde el 76% de los residentes describían el agua como sucia y mal oliente. Interagua negó responsabilidad por el brote, pero estudios demostraron que la situación se debía a una combinación de la falta de funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y la mala calidad de agua, lo que, finalmente, contribuyó al brote de hepatitis A. La Comisión para Control Cívico y la oficina del Defensor Público declararon que Interagua tenía alguna responsabilidad por el brote de hepatitis A y concluyeron que el agua “no era adecuada para el consumo humano”.

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos ha documentado las violaciones contractuales de Bechtel. El trabajo de un equipo que reúne a numerosas organizaciones civiles de Guayaquil, y que monitorea y ayuda a mejorar los servicios gubernamentales, ha demostrado cuales son las violaciones contractuales, constitucionales y  legales de Interagua, y demanda que se tomen acciones. Estas violaciones incluyen repetidos cortes del servicio de agua que duran más de 24 horas, lo cual es ilegal a menos que la compañía provea fuentes alternativas de agua para los residentes. En algunas áreas Interagua cortaba el agua por 23 horas al día, evadiendo la responsabilidad de proveer una fuente de agua alternativa. Además, Interagua ha violado en repetidas ocasiones las leyes del consumidor que prohíben el cobro en base al consumo medio en vez del consumo de agua real. En julio del 2007 EAPAG multó a Interagua con 1.5 millones de dólares por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, debido a que la compañía no realizó las 8.000 conexiones de agua que se comprometió a realizar los primeros cinco años.

Retomando el control

Las garantías y los préstamos provistos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aseguraron una inversión rentable a Bechtel, actualmente una de las corporaciones más influyentes. Sin embargo, al igual que la experiencia de muchas otras ciudades del mundo, la privatización no ha resuelto los problemas del agua en Guayaquil. Al contrario, Bechtel ha distribuido agua no apropiada para beber, se rehusó a expandir el servicio, realizó cortes a quienes no podían pagar y fue negligente e irresponsable en el tratamiento de aguas servidas, comprometiendo el medio ambiente local y la salud pública.

El Observatorio Ciudadano y otras organizaciones en Guayaquil continuarán demandando que el agua y otros servicios públicos sean propios, controlados y administrados públicamente. Esta presión para el control y la participación ciudadana en los servicios públicos está siendo reconocida y respaldada a nivel internacional: por ejemplo, el reciente Informe para el Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas promueve un rol adecuado de las agencias públicas para proveer agua accesible, mostrando cómo el agua distribuida por operadores privados es más costosa, criticando de este modo las privatizaciones que a menudo son vistas como una “fórmula mágica”.

Para asegurar que el agua segura y accesible esté disponible para 1.2 billones de personas en todo el mundo, que actualmente no tienen el acceso apropiado, necesitamos poner de lado políticas fracasadas y dejar de presionar a los países para que privaticen los servicios de agua. Los gobiernos necesitan involucrar a los residentes en las soluciones y reconocer el derecho humano al agua potable.

Bechtel en Bolivia

Bechtel obtuvo mala reputación cuando se involucró en la privatización del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba. En 1999 esta empresa participó de un contrato similar al de Guayaquil. No obstante, en el caso cochabambino, tan pronto como Bechtel se hizo cargo del sistema de agua de la ciudad, los problemas empezaron a acumularse: las tarifas de agua se doblaron rápidamente y muchos residentes de escasos recursos, cuyos ingresos eran de 70 dólares al mes, empezaron a recibir facturas de agua de 20 dólares. Indignados ante esta injusticia, los ciudadanos organizaron una ola de protestas, generándose de este modo un gran conflicto que paralizó completamente la ciudad. El gobierno boliviano defendió el contrato con Bechtel de una manera brutal, matando a una persona e hiriendo a cientos más durante las protestas. De enero a abril del año 2000 la población movilizada y organizada forzó al gobierno a cancelar el contrato con Bechtel, pero la empresa contraatacó con una demanda legal de 50 millones de dólares, alegando que en Bolivia ellos habían perdido futuros beneficios. Vencida por años de mala publicidad, Bechtel finalmente resolvió la demanda por sólo 30 centavos.