Justificando la Privatizacion del Agua: La Experiencia de Soyapango, El Salvador

Roxana Delgado, Las Dignas & Ana Ella Gomez, Centro de Defensa de los Consumidores, El Salvador

Durante décadas, los habitantes del populoso municipio de Soyapango, ubicado en la periferia del gran San Salvador, han enfrentado problemas recurrentes con la prestación del servicio de agua potable prestado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, entidad estatal autónoma responsable mayoritaria de la administración y operación del agua potable en el país.

Actualmente en El Salvador, el servicio de agua es prestado por diversos operadores; estatales, privados, municipales, comunitarios y mixtos. El prestador estatal, ANDA, es el mayor operador de los servicios de agua potable y saneamiento, extendiendo su cobertura a 172 municipios de los 262 existentes en el país. A pesar de ser la instancia del estado, ANDA no regula ni controla el comportamiento del resto de operadores, dejando vacíos importantes en la calidad del servicio que prestan.

Soyapango, es uno de los municipios más populosos de la capital del país, con una población de 289,553 personas.

Los problemas denunciados por la población son principalmente los relacionados al desabastecimiento de agua, que en general duran entre 10 y 15 días consecutivos, sin que exista por parte de ANDA una respuesta oportuna a esta problemática. Acompañado por cobros indebidos en la facturación, (que en promedio equivalen a $5.25 mensuales por familia); complementariamente, encontramos denuncias sobre la mala calidad del agua que se suministra, lo que se constata con datos oficiales que expresan que a nivel nacional, apenas el 24.18% de la población con acceso agua por cañeras recibe agua apta para el consumo humano, de aquí que El Salvador ocupara en el año 1999 el segundo lugar a nivel Centroamericano, con la mas alta incidencia en mortalidad infantil a causa de infecciones intestinales o diarrea.

Según reportes de ANDA para el 2002, apenas el 53.3% de la población del país tenia acceso al vital liquido a través de cañería. De este, 84.2% es población urbana y 21.2% es rural. Otras fuentes estiman1, que el resto de la población obtiene agua por medio de pilas o chorros públicos (8.4%), a través de camiones o pipas (6.87%), pozos (11.26%), quebradas y ojos de agua (8.27%), así como por la captación de aguas lluvias o a través de algún familiar o vecino (7.34%).
Estos datos muestran que El Salvador es el país con el promedio más bajo de cobertura en el suministro de agua potable a nivel Centroamericano, con apenas un 59.4% a nivel nacional y 25.3% de cobertura rural, ocupando el cuarto lugar mas bajo de América Latina2.

Para el caso del Municipio de Soyapango, el abastecimiento de agua a través de operadores privados (pipas, camiones cisternas y agua embotellada) es fundamental, considerando la gravedad de los problemas antes señalados. Se estima que el 42.6% de la población se abastece de otros proveedores, gastando en promedio de $10 a $15 dolores mensuales, que se adicionan al pago de la factura por un servicio que muchas veces no reciben o que es de mala calidad. La posibilidad de asegurar el agua de otros proveedores depende principalmente del nivel de ingresos de las familias, ya que solo el pago de la factura por el servicio de agua potable al operador público (ANDA) le significa el 7.9% de sus ingresos. Estos problemas no son casuales, lo que en verdad se busca es el desprestigio del proveedor público para así justificar la incursión del proveedor privado.

Para las mujeres del municipio de Soyapango enfrentar la problemática del acceso al agua supone una carga económica importante que se ven obligadas a solventar a través de empleos en el sector informal, con baja remuneración económica, en muchos casos como jefas de familia, ante la irresponsabilidad paterna y un aumento en sus jornadas reproductivas para garantizar a sus familias el recurso hídrico.

Ante esta problemática la población, ha emprendido un importante proceso de contraloría, que tiene como objetivo empoderar a la ciudadanía en el ejercicio y defensa de sus derechos. Exigiendo en primer lugar, que la prestación del agua siga siendo pública y en segundo lugar, que el suministro de agua potable sea de calidad, que asegure las condiciones de acceso, cobertura y tarifas justas acorde a la situación económica del país.

Esta es un lucha ciudadana que ya comenzó y avanza en la defensa del derecho al agua.

Para mayor información contactarse con: incidencia@cdc.org.sv

1 Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples, Dirección General de estadísticas y Censos ,DIGESTYC, 1998
2 Datos de OPS para el año 2001